Expansión.com: Los auditores confían en la reforma europea para recuperar el atractivo de su negocio
5, 11 de 2005-07-11 de 2005
M. FERNÁNDEZ / J. JARDÓN. Sitges
El sector ve ventajas en las nuevas reglas que fomentarán el movimiento de profesionales entre los Estados miembros y que permitirá la unión de firmas de distintos países de la UE para ganar tamaño
Expansión (11.07.2005)
Por fin, el sector de auditoría ve con buenos ojos una reforma legal. Ni la Ley de Auditoría de 1989, ni los cambios de la Ley Financiera en 2002 contaron con la bendición de los profesionales.
En cambio, las auditoras creen que la reforma que ultima la Unión Europea (recogida en la Octava Directiva) puede ser una vía para recuperar el atractivo de la auditoría, ganar credibilidad tras el inacabable efecto de los escándalos contables de 2002 y, además, generar negocio.
“Estamos ante una oportunidad y debemos aprovecharla”, aseguró José Mª Gassó, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas, el pasado viernes en la clausura del XV Fórum del Auditor Profesional, organizado en Sitges (Barcelona) por el Colegio de Censores de Cataluña.
Petición
El responsable de la mayor asociación profesional de auditores se lamentó de la pérdida de poder de las firmas para atraer profesionales y animó al sector a sacar partido de las nuevas reglas de la UE. “Hemos perdido atractivo para captar buenos profesionales. Tenemos que recuperarlo propiciando nuestra integración en la cultura europea”, indicó Gassó. “Nos tenemos que olvidar de la cultura de la prevención y fomentar la excelencia en la calidad del trabajo”.
El Parlamento Europeo descartó el cambio obligatorio de auditora, una medida a la que se oponía el sector. En el texto de la Octava Directiva aprobado por este organismo en junio se contempla la rotación de los socios y el equipo responsables de la revisión de las cuentas de un cliente (en España, ya es obligatorio cada siete años).
Por su parte, Albert Folia, presidente del Colegio de Censores de Cataluña, añadió que “se ha demostrado que la unión de fuerzas puede llegar a hacer cambiar la opinión de los legisladores”.
La reforma fomenta, además, la libre prestación de servicios de auditoría en la UE. Esto, sumado a las nuevas reglas europeas sobre reconocimiento mutuo de títulos, fomentará la unión de firmas de distintos Estados miembros. “Es una verdadera revolución para la profesión europea pensar que ciudadanos de distintos países podrán constituir sociedades de auditoría”, explicó en el Fórum, Jacques Potdevin, vicepresidente de la Federación Europea de Expertos Contables (FEE). Potdevin dijo que se “fomentarán nuevas fórmulas asociativas entre las firmas”.
La directiva, que será aplicable en 2006, tendrá otra ventaja: reforzar el lobby de la UE frente a EEUU. “Habrá que coordinarse en Europa para hablar con una sola voz, sobre todo en el diálogo trasatlántico”, dijo Anne-Françoise Mélot, representante de la Unidad de Contabilidad y Auditoria de la Comisión Europea.
Tras los escándalos de 2002, EEUU elevó las exigencias a las firmas extranjeras con clientes cotizados en sus bolsas, lo que amplió su poder de control sobre las auditoras europeas. El plan de la UE se basa en crear comités de supervisión públicos (POB, en sus siglas en inglés) en todos los Estados miembros, encargados del control de las firmas, en los que habrá una representación, aunque en minoría, del sector privado.
En España, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) tendrá que reformarse para adoptar la organización de este POB. Además, habrá un registro público electrónico europeo, donde estarán inscritos todos los auditores y a través del que cualquier interesado podrá contactar con los POB nacionales.
Los POB estarán coordinados por un organismo paneuropeo, que será el que garantice la cooperación internacional, por ejemplo, con EEUU. “Tenemos prisa por que esto funcione”, dijo Mélot.
La CNMV quiere consolidar la confianza
“Es necesario por parte de todos afianzar la confianza y mejorar la transparencia del mercado. Ésta debe afectar a toda la cadena de control, tanto a la auditoría interna, como al control externo y a los organismos supervisores del sistema”, afirmó Carlos Arenillas, vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en la sesión inaugural del Fórum del Auditor Profesional. La CNMV se encargará en los próximos meses de redactar un nuevo código de buen gobierno. Arenillas aprovechó para dar el punto de vista del organismo sobre los sistemas de control. El vicepresidente de la CNMV explicó que “el comité de auditoría debe asegurarse de que se cumplen dentro de la empresa los controles dentro de la compañía. El comité no es el responsable del desarrollo de estos mecanismos, pero sí de localizar dónde existen las carencias y comunicárselas a la dirección para que adopten medidas”. Arenillas matizó la responsabilidad del auditor al recordar que la que también debe asumir el consejo de administración de una compañía. “En los informes se recoge que la firma manifiesta su conformidad con las cuentas hasta los conocimientos que le son posibles”, añadió. Con todo, “sí que es tarea del auditor identificar las áreas de riesgo de una compañía y analizarla”. Por último, Arenillas afirmó que “los reguladores deben definir los contenidos de cada control y establecer las medidas disuasorias para el mercado”.
Exceso de intervencionismo fruto de la desconfianza
José Mª Gassó, presidente de la asociación de censores, cree que “el regulador ha aprovechado en los últimos años la desunión de las corporaciones de auditores y ha optado por un exceso de intervencionismo”. En España, hay tres asociaciones de auditores: censores, economistas y titulados mercantiles. El Instituto de Censores lleva años pidiendo la unificación de los tres colectivos. “El regulador ha cosechado una legislación errática y ha potenciado una cultura sancionadora”, sentenció Gassó, que cree que “la normativa vigente es fruto de un ambiente de desconfianza. Por ello, tenemos que avanzar para superarla”. La Octava Directiva será esa oportunidad de avance. Anne-Françoise Mélot, de la Comisión Europea, prevé que antes de final de año se apruebe definitivamente la Octava Directiva, para que se aplicable a principios de 2006. No obstante, los Estados miembros tendrán dos años para trasponerla. Así, a principios de 2008, estará en vigor en toda la UE. Al sector español le preocupa que, hasta entonces, no se resuelvan las cuestiones pendientes del reglamento de auditoría, que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), que se encarga de supervisar a las auditoras, ha decidido dejar aparcado hasta que la Octava Directiva se apruebe. Los auditores pidieron en una de las mesas redondas del Fórum la aprobación del reglamento que, en su opinión, “vendría a dar una seguridad al desempeño del trabajo del análisis de cuentas”. Así, mostraron sus dudas sobre la aplicación retrospectiva de la Ley Financiera en cuanto a la rotación cada 7 años de socios y equipos. La preocupación es determinar en qué momento comienza a aplicarse la ley, ya que hay casos en los que la entrada en vigor de la norma coincide con contratos abiertos con clientes. Con todo, el sector ve en la directiva europea una puerta a la protección de los profesionales.
El sector ve ventajas en las nuevas reglas que fomentarán el movimiento de profesionales entre los Estados miembros y que permitirá la unión de firmas de distintos países de la UE para ganar tamaño
Expansión (11.07.2005)
Por fin, el sector de auditoría ve con buenos ojos una reforma legal. Ni la Ley de Auditoría de 1989, ni los cambios de la Ley Financiera en 2002 contaron con la bendición de los profesionales.
En cambio, las auditoras creen que la reforma que ultima la Unión Europea (recogida en la Octava Directiva) puede ser una vía para recuperar el atractivo de la auditoría, ganar credibilidad tras el inacabable efecto de los escándalos contables de 2002 y, además, generar negocio.
“Estamos ante una oportunidad y debemos aprovecharla”, aseguró José Mª Gassó, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas, el pasado viernes en la clausura del XV Fórum del Auditor Profesional, organizado en Sitges (Barcelona) por el Colegio de Censores de Cataluña.
Petición
El responsable de la mayor asociación profesional de auditores se lamentó de la pérdida de poder de las firmas para atraer profesionales y animó al sector a sacar partido de las nuevas reglas de la UE. “Hemos perdido atractivo para captar buenos profesionales. Tenemos que recuperarlo propiciando nuestra integración en la cultura europea”, indicó Gassó. “Nos tenemos que olvidar de la cultura de la prevención y fomentar la excelencia en la calidad del trabajo”.
El Parlamento Europeo descartó el cambio obligatorio de auditora, una medida a la que se oponía el sector. En el texto de la Octava Directiva aprobado por este organismo en junio se contempla la rotación de los socios y el equipo responsables de la revisión de las cuentas de un cliente (en España, ya es obligatorio cada siete años).
Por su parte, Albert Folia, presidente del Colegio de Censores de Cataluña, añadió que “se ha demostrado que la unión de fuerzas puede llegar a hacer cambiar la opinión de los legisladores”.
La reforma fomenta, además, la libre prestación de servicios de auditoría en la UE. Esto, sumado a las nuevas reglas europeas sobre reconocimiento mutuo de títulos, fomentará la unión de firmas de distintos Estados miembros. “Es una verdadera revolución para la profesión europea pensar que ciudadanos de distintos países podrán constituir sociedades de auditoría”, explicó en el Fórum, Jacques Potdevin, vicepresidente de la Federación Europea de Expertos Contables (FEE). Potdevin dijo que se “fomentarán nuevas fórmulas asociativas entre las firmas”.
La directiva, que será aplicable en 2006, tendrá otra ventaja: reforzar el lobby de la UE frente a EEUU. “Habrá que coordinarse en Europa para hablar con una sola voz, sobre todo en el diálogo trasatlántico”, dijo Anne-Françoise Mélot, representante de la Unidad de Contabilidad y Auditoria de la Comisión Europea.
Tras los escándalos de 2002, EEUU elevó las exigencias a las firmas extranjeras con clientes cotizados en sus bolsas, lo que amplió su poder de control sobre las auditoras europeas. El plan de la UE se basa en crear comités de supervisión públicos (POB, en sus siglas en inglés) en todos los Estados miembros, encargados del control de las firmas, en los que habrá una representación, aunque en minoría, del sector privado.
En España, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) tendrá que reformarse para adoptar la organización de este POB. Además, habrá un registro público electrónico europeo, donde estarán inscritos todos los auditores y a través del que cualquier interesado podrá contactar con los POB nacionales.
Los POB estarán coordinados por un organismo paneuropeo, que será el que garantice la cooperación internacional, por ejemplo, con EEUU. “Tenemos prisa por que esto funcione”, dijo Mélot.
La CNMV quiere consolidar la confianza
“Es necesario por parte de todos afianzar la confianza y mejorar la transparencia del mercado. Ésta debe afectar a toda la cadena de control, tanto a la auditoría interna, como al control externo y a los organismos supervisores del sistema”, afirmó Carlos Arenillas, vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en la sesión inaugural del Fórum del Auditor Profesional. La CNMV se encargará en los próximos meses de redactar un nuevo código de buen gobierno. Arenillas aprovechó para dar el punto de vista del organismo sobre los sistemas de control. El vicepresidente de la CNMV explicó que “el comité de auditoría debe asegurarse de que se cumplen dentro de la empresa los controles dentro de la compañía. El comité no es el responsable del desarrollo de estos mecanismos, pero sí de localizar dónde existen las carencias y comunicárselas a la dirección para que adopten medidas”. Arenillas matizó la responsabilidad del auditor al recordar que la que también debe asumir el consejo de administración de una compañía. “En los informes se recoge que la firma manifiesta su conformidad con las cuentas hasta los conocimientos que le son posibles”, añadió. Con todo, “sí que es tarea del auditor identificar las áreas de riesgo de una compañía y analizarla”. Por último, Arenillas afirmó que “los reguladores deben definir los contenidos de cada control y establecer las medidas disuasorias para el mercado”.
Exceso de intervencionismo fruto de la desconfianza
José Mª Gassó, presidente de la asociación de censores, cree que “el regulador ha aprovechado en los últimos años la desunión de las corporaciones de auditores y ha optado por un exceso de intervencionismo”. En España, hay tres asociaciones de auditores: censores, economistas y titulados mercantiles. El Instituto de Censores lleva años pidiendo la unificación de los tres colectivos. “El regulador ha cosechado una legislación errática y ha potenciado una cultura sancionadora”, sentenció Gassó, que cree que “la normativa vigente es fruto de un ambiente de desconfianza. Por ello, tenemos que avanzar para superarla”. La Octava Directiva será esa oportunidad de avance. Anne-Françoise Mélot, de la Comisión Europea, prevé que antes de final de año se apruebe definitivamente la Octava Directiva, para que se aplicable a principios de 2006. No obstante, los Estados miembros tendrán dos años para trasponerla. Así, a principios de 2008, estará en vigor en toda la UE. Al sector español le preocupa que, hasta entonces, no se resuelvan las cuestiones pendientes del reglamento de auditoría, que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), que se encarga de supervisar a las auditoras, ha decidido dejar aparcado hasta que la Octava Directiva se apruebe. Los auditores pidieron en una de las mesas redondas del Fórum la aprobación del reglamento que, en su opinión, “vendría a dar una seguridad al desempeño del trabajo del análisis de cuentas”. Así, mostraron sus dudas sobre la aplicación retrospectiva de la Ley Financiera en cuanto a la rotación cada 7 años de socios y equipos. La preocupación es determinar en qué momento comienza a aplicarse la ley, ya que hay casos en los que la entrada en vigor de la norma coincide con contratos abiertos con clientes. Con todo, el sector ve en la directiva europea una puerta a la protección de los profesionales.
Por Francisco Jesús Sierra Capel |
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En: Auditoría y Contabilidad
