Colegio Oficial de Empresariales de Almería

El sector auditor tendrá que afrontar en los próximos meses una nueva transformación. Si a raíz de los escándalos contables de 2002, las firmas de auditoría sufrieron los efectos de unas reformas legales aceleradas (y, en algunos casos, inadecuadamente planteadas), los cambios que podrían ver la luz en los próximos meses son, esta vez, fruto de una reflexión más profunda.
Expansión (10.10.2005)

Como primer paso, la reforma que viene directamente de la Unión Europea debería beneficiar a los usuarios de la información financiera. En principio, para España, la nueva directiva sobre auditoría que Bruselas ha dictado no supondrá ninguna transformación radical. Sin embargo, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) debería aprovechar la reforma de la UE para perfilar de una vez la Ley Financiera. Pese a que esta norma está a punto de cumplir tres años, aún carece de un desarrollo reglamentario en materia de auditoría, lo que impide su aplicación completa y crea incertidumbre jurídica, algo que preocupa mucho a las auditoras. Tras la pasividad del ICAC durante el último año y medio, que el organismo ha justificado con el argumento de que era necesario esperar a la regulación europea para aprobar el reglamento de auditoría en España, es imprescindible que no se retrase más tiempo la regulación que aún está pendiente.

Además, las firmas podrían ser testigos de otra reforma adicional en los próximos meses. Se trata del cambio en el régimen de responsabilidad, que permitiría pasar de un sistema ilimitado a otro modelo proporcional al daño causado por la actuación del auditor. Este esquema, que constituye una histórica petición del sector, permitiría evitar las reclamaciones infundadas que se acumulan en los juzgados españoles formuladas contras las auditoras por accionistas o terceros que, lejos de tener un interés real en un fallo contable, buscan sustanciosas indemnizaciones económicas con pocos argumentos. En todo caso, el nuevo sistema debe seguir asegurando que cuando un auditor no cumple su papel como garante de la transparencia de las cuentas anuales, está obligado a responder económicamente por ello. Parece que este objetivo se continuará cumpliendo con el cambio del régimen de responsabilidad, propuesto por CiU en el Congreso. Se racionalizará así el modelo de responsabilidad ilimitada, que sólo existe en España dentro de toda Europa.